Función de las regulaciones del Cabildo guayaquileño

El estudio de las regulaciones u ordenanzas municipales de Guayaquil nos muestra los grandes cambios en su evolución, pese a haber insuficiente información del siglo XVI, pues en 1633 se produjo un incendio que consumió al edificio del Ayuntamiento, y se perdieron 100 años de documentos. En la documentación publicada por el Archivo Histórico del Guayas, se encuentran las actas del Cabildo desde 1634 y otros documentos y bibliografía, que nos ha permitido elaborar esta corta descripción.

Los cabildos coloniales fueron organismos representantes de la administración, y a la vez, los más conspicuos corresponsales de sus intereses. En 1548, la Corona reconoció el derecho a promulgar sus propias ordenanzas, pero, condicionadas a la aprobación del virrey. Pese a haberse instituido la venta de las concejalías y en cierto momento perdido el espíritu democrático, no es menos cierto que América debe su vida a sus cabildos. 

El caso de Guayaquil es típico, pues de quienes en 1820 formaban la Corporación Municipal, nació el primer gobierno de la Provincia Libre de Guayaquil, que la podríamos llamar como una ciudad estado. 

Las circunstancias actuales son diferentes, la Ley de Régimen Municipal especifica que: 

“Los actos decisorios de carácter general que tengan fuerza obligatoria en todo el Municipio, se denominarán ordenanzas, y los que versen sobre asuntos de interés particular o especial, acuerdos o resoluciones.” 

Y en el segundo Inciso del Art. 228 de la Constitución, dice:  

“Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y en uso de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar, suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras”.

Es decir, que ellas contemplan un ente autónomo más amplio, muy distinto del colonial que era vigilante de todas las minucias diarias que generaba la sociedad.

La ordenanza municipal emanada del virrey Hurtado de Mendoza, empezó a regir la vida guayaquileña a partir del 4 de mayo de 1590. Sus disposiciones se limitaban a asuntos domésticos, como multar la inasistencia de los regidores, que eran bastante frecuentes, y que justificaban con el mal clima, el fango, las distancias, etc. 

En el acta del 11 de enero de 1636, cuando aun el Cabildo permanecía en la cima del Santa Ana, proponen reducir las sesiones a los viernes, por:

“ser la tierra enferma y el invierno tan penoso (…) que es muy grande trabajo y penalidad subir dos veces cada semana a hacer Cabildo”.

No contienen ninguna disposición acerca de la educación ni sobre el reparto de tierras y solares a los vecinos, indispensable para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Sin embargo sí trata lo concerniente a “que las calles estén limpias y lo mismo la plaza y las carnicerías”. Las casas del Cabildo “que estén siempre limpias y reparadas”. 

La prevención de incendios disponía: 

“que nadie tenga lumbre encendida después del toque de queda; que no se haga fuego en la sabana cercana a la ciudad durante la estación seca; que no se construyan casas con rancho de paja; y que en cada casa haya siempre doce botijas con agua (…) por el riesgo del fuego, para acudir a lo apagar cuando lo hubiere”. 

37 de sus 90 capítulos se centran en “que la dicha ciudad esté siempre bien abastecida de carne y pescado y maíz y de todos los mantenimientos necesarios” y, además, en el control de precios. Disponía vigilar estrechamente la economía local y la especulación, evidenciada por el envío de delegados a los campos para evitar la acción de revendedores. 

“Que ninguna persona salga a los caminos a comprar la harina u otros bastimentos que vienen de fuera para el proveimiento de la ciudad porque con esto los encarecen”. 

Ordenaba evitar la compra de artículos hasta después de cuatro días de su arribo al mercado. Ni sacarlos de la ciudad, si es que en ella se requerían. Y si se hacía alguna excepción se autorizaba “una moderada ganancia, con que es la principal el proveimiento de las cosas de los vecinos de la dicha ciudad”. Era muy importante el suficiente abastecimiento de “vino, harina, bizcocho y otros mantenimientos”, por lo cual cuando escaseaba, el Cabildo, previo el pago de su justo precio al capitán, lo confiscaba de los navíos que entraban al puerto. 

María Luisa Laviana Cuetos, en un estudio que hace sobre las ordenanzas municipales de Guayaquil, determina que la importancia atribuida al abastecimiento de carne y la preocupación por su manejo, fueron aspectos que la diferenciaron de otras ciudades. 

Esto explica la insistencia para “cuando se hiciere el remate de las dichas carnicerías, sea en las casas del cabildo, dando primero quince pregones”. A la matanza de ganado y expendio de su carne se dedican 21 artículos: el rematista de la carnicería, para despostar una res:

“después de haberla descocotado, la haga degollar por el pescuezo y cargar con una polea de madera que no llegue al suelo, y antes de desollar y abrirla estará colgada una hora”.

El tiempo que la carne debía reposar antes de su pesaje, la forma de cortarla y limpiarla: “el puerco se ha de pelar y limpiar con agua caliente, de manera que no le quede pelo”. Las carnicerías debían permanecer abiertas al público “desde la mañana hasta puesto el sol”. La vigilancia sobre la limpieza era muy estricta: “que se limpie cada día y barra”, que los pesos y balanzas “se laven cada sábado con agua caliente”. Obligaba que los carniceros “tengan cada día sus delantales limpios, de lienzo y que sean personas sanas”.

En cuanto a los artículos de primera necesidad, el tendero no podía iniciar su expendio sin que primero la justicia o diputados de la ciudad se los impongan, y luego de ser fijado tal arancel a las puertas de sus tiendas y firmado por estos burócratas. 

Esta lista debía contener los artículos que el tendero estaba autorizado a vender, con sus respectivos precios. Para evitar el fraude, se regulaba las pesas, se las ajustaba y sellaba con el sello de la ciudad, y para su cumplimiento, el fiel ejecutor las revisaba periódicamente.

Otro aspecto fue la persecución a la inmoralidad y libertinaje. Buen cuidado se ponía en la seguridad de las cárceles a fin de que no se produjesen fugas, para lo cual el concejal de turno debía visitarlas todos los sábados. Cuando era necesario encarcelar a los encomenderos, regidores u otros municipales, se lo hacía en las casas del Cabildo. Excepcionalmente, cuando se trataba de “casos atroces de crimen” causados por funcionarios caían tras la reja. 

Los jueces, a fin de evitar que los vecinos incurriesen en faltas u otros desafueros, debían rondar y vigilar los barrios y establecer el horario para aplicar el toque de queda.

Las ordenanzas incluían disposiciones generales que regulaban la actividad de los plateros, sastres, y demás oficiales, los cuales solo podían tener sus tiendas en la plaza pública; los tenderos y pulperos estaban impedidos de abrir sus negocios en domingos ni fiestas de guardar; el algodón debía cultivarse al parejo que el maíz para evitar su escasez; todo jinete debía apearse del caballo al paso del Santísimo Sacramento y ninguna persona tendría más de un perro. 

Infringir estas disposiciones acarreaba las consiguientes multas que se aplicaban según las categorías: a los regidores y Cabildo en conjunto, por no cumplir las ordenanzas y su pregón una vez al año, se les imponía 500 pesos. 300 pesos a los revendedores e intermediarios que incurrían en el acaparamiento de abastos. Igual suma a quienes construían ranchos con cubierta de paja, y a los capitulares que no guardaban el secreto de las discusiones del Cabildo. Las de menor cuantía aplicaban solo a los españoles. Pero, las que gravaban a indígenas y negros, excepcionalmente implicaban dinero. 

Las más comunes eran la cárcel, trabajos forzados, azotes o ser trasquilados en la plaza pública. Eran estatutos municipales que nos muestran la complejidad de las diversas funciones y la numerosa  burocracia que intervenía en su aplicación y cumplimiento. Definen la importancia y lo amplio de las atribuciones del Cabildo en el desarrollo de las actividades y vida diaria de la sociedad. 

El análisis de las funciones municipales y la definición de las ordenanzas que regían la época colonial, nos permiten compararlas con lo actual. Naturalmente que son totalmente distintas, sin embargo, hay un punto de coincidencia. Ambas instituciones no solo surgieron como vigilantes del progreso de la ciudad, sino que expresaron la necesidad de atender y representar las inquietudes cívicas ciudadanas; por eso siempre el Municipio ha estado y estará más cerca de la población que el Estado. Es el gobierno local de la ciudadanía.

La base agraria y el desarrollo económico

Hasta 1576, la actividad comercial guayaquileña se reducía a hacer negocios movilizando productos entre los puertos del norte, centro y sur de América: sedas chinas, añil, brea, jarcia, etc., de México y Centroamérica a Guayaquil y Lima; y del Callao hacia el norte, vinos y paños del Perú.

Los negocios de Guayaquil presentaban una balanza desequilibrada, pues no tenían, aparte de la madera, un producto exportable que diera por resultado un balance nivelado entre las importaciones y las exportaciones. 

Ese producto sería el cacao, que en el mundo azteca era muy apreciado, reservado al consumo de los nobles. Con la conquista se popularizó, y entre sus adictos no se contaron solo los naturales, sino las mujeres españolas, quienes inventaron nuevos modos de prepararlo. 

Como la producción de la Nueva España no alcanzaba a satisfacer la demanda, se fomentó el cultivo en Guatemala. Mas, pese al incremento, mantuvo un nivel de precios favorable. 

Uno de los puertos frecuentados por los barcos guayaquileños era Acajutla, y sus autoridades se aficionaron de este mercado. Los comerciantes mexicanos empezaron a venir a Guayaquil, y se desarrolló un mercado de entrega futura, que en tejos de oro y barras de plata se pagaba la carga de cacao a 15-18 pesos. Es así como, a partir de 1593, Guayaquil inició en sus propios barcos la exportación en gran escala.  

Elevada la provincia de Guayaquil a gobernación militar (1761), se produjeron grandes cambios en las leyes. Y, la migración interna permitió alcanzar el suficiente poder poblacional y económico para lograr por sí sola su independencia de la corona española. 

Muchos serranos se daban cuenta de que solo Guayaquil les ofrecía oportunidades para prosperar, y no únicamente por su creciente expansión económica, sino por la propia estructura social costeña, más flexible y abierta y por consiguiente dotada de un mayor grado de movilidad social. 

Comienza entonces la provincia a  recibir  una  masiva migración de serranos, que no solo contribuyeron al espectacular auge poblacional de la provincia, sino que le proporcionaron la fuerza laboral necesaria para explotar su potencial agrícola. 

 “La acumulación de la mayoría de estas transformaciones, si no todas ellas, en el último tercio del siglo confieren a esas pocas décadas una categoría especial en la evolución de Guayaquil, que tras un pausado y lento desarrollo en los dos siglos y medio anteriores, parece tener de pronto prisa por convertirse en una gran urbe, y lo conseguirá en muy poco tiempo, en perfecta simbiosis con su provincia, cuyos productos encuentran en el puerto su mejor vía de salida” (Laviana). 

Estos son los elementos sobre los cuales se construyó la fuerza económica del Guayaquil de hoy

La estructura del Cabildo colonial de Guayaquil 

El régimen municipal establecido en las ciudades hispanoamericanas, pese a que la legislación española aseguraba igualdad y los mismos derechos que los que se disfrutaba en la metrópoli, no correspondió al sistema político autonómico que regía entre los siglos XI y XIII para las ciudades peninsulares.

Los ayuntamientos de  entonces  estaban caracterizados por sus fueros  y  una destacada  presencia  de  la ciudadanía. España,  debilitó  el  sistema   municipal  colonial  para  fortalecer  el  poder real.  Esta institución fue el  último peldaño de una administración que tenía como cabeza al rey. Y en forma descendente, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los Virreyes, los Presidentes y Capitanes Generales, las Reales Audiencias, los Gobernadores y finalmente, los Cabildos.

El municipio español y su estructura burocrática administrativa fue trasplantado a las colonias americanas sin la fuerza autonómica que alcanzó durante la expulsión de los moros y la reorganización del reino. Pese a esta dependencia, o si se quiere debilidad del Municipio, era la primera institución administrativa que, apenas cumplidas las formalidades de una fundación, quedaba establecida como su rectora. De esa forma, todo acto referido al nuevo “poblamiento” correspondía a la institución municipal. 

La ciudad de Guayaquil por su condición de tal, tenía dos jueces municipales, con título de Alcalde Mayor (de primer voto), y Alcalde Ordinario (de segundo voto), los cuales ejercían su autoridad administrativa junto con el Regimiento, compuesto por los concejales, que en el caso de Guayaquil eran doce. 

El Alférez Real, era el abanderado de la ciudad, portador del Estandarte  Real  en  los  actos  oficiales. La policía urbana y la rural, estaban regidas por el Alguacil Mayor y el Alcalde de la Santa Hermandad. Tres oficiales de la Hacienda Real eran los encargados del manejo de los tributos reales y municipales. 

La consolidación del nuevo asentamiento urbano, que empezaba por el trazado de sus vías y la adjudicación de solares entre los avecindados, eran de la entera responsabilidad y obligación de los regidores y procuradores municipales. Debían, además, estimular a los vecinos a la construcción de sus viviendas  y exigir  a  los  morosos  el  cumplimiento  de esta  obligación   adquirida  y  cultivar  los  sembrados dentro del término estipulado. Dos Fieles Ejecutores, encargados de la observancia de lo anterior, debían exigir al vecindario rapidez  en  todas  las  faenas  y,  además,  controlar  los  pesos y medidas  y  encabezaban  dos  jurados  en  cada  Parroquia.  

El Procurador  General, si bien no pertenecía al Cabildo, era juez de última instancia, un Mayordomo, un Escribano de Concejo, un Depositario General. Además, dos Escribanos públicos, uno de Minas y Registros, un Pregonero mayor, un Corregidor de lonja, y dos Porteros, que en realidad no eran miembros sino empleados de menor cuantía. 

Habían otros cargos que podían ser ejercidos por los regidores, como mayordomo de la ciudad, defensor y juez de menores, tenedor y juez de los bienes de difuntos, defensor de pobres, alcaldes de barrio, alcaldes mayores de indios, alcaldes de aguas y de los oficios artesanales.

De todo lo relacionado a la incipiente población, se encargaba el Concejo, de allí que, tanto virreyes como gobernadores, quienes eran los únicos autorizados para hacer concesiones y asignaciones, estaban en la obligación de consultar la opinión de los ayuntamientos de cada ciudad o villa en que se llevarían a cabo. 

Por eso, las tareas de la competencia municipal eran muy amplias: controlar la entrega de lotes para los edificios, hasta asignar espacios de pastoreo destinados a la crianza de ganados y sus abrevaderos. Ninguna solicitud de gracia, podía efectuarse sin el conocimiento previo y la consulta al Cabildo, el cual elevaba a las instancias superiores su aprobación o no.

Entre los personajes administrativos, el que más destacada participación tenía, era el Procurador General. Este era responsable de la promoción y defensa de los intereses de la ciudad, y de ser portavoz de los habitantes ante el Cabildo, la Audiencia, la Corona, etc. 

La constitución legal del Ayuntamiento, se daba con la participación de los vecinos, los cuales, además de constar en los registros de su comuna, habían arraigado su residencia mediante la construcción de viviendas, desarrollando actividades agrícolas o crianza de animales. 

Los regidores, o concejales, tenían que resolver los asuntos de su competencia por mayoría, sin embargo, previamente debían contar con la opinión del Procurador, quien tenía “asiento, voz y voto en el Cabildo”.

El Cabildo operaba como juzgado de primera instancia, al cual estaba sometida la vigilancia de los intereses ciudadanos; resolver disputas internas, cobrar impuestos, registrar las transacciones de mayor cuantía, y el traspaso de inmuebles. Debía castigar los delitos públicos, y responder por la salud tanto física como espiritual del vecindario.

La distancia que mediaba con la Península, y la lentitud de los procesos, con el paso del tiempo, obligó al Cabildo, además de reglar sus propias atribuciones, incrementar sus ingresos y bienes, a intervenir en la tributación, trabajo de los indígenas, uso del agua, medidas para prevenir incendios, defensa de ataques de piratas, etc., todo lo cual se cumplía mediante la promulgación de ordenanzas. 

El crecimiento de la ciudad, y su importancia económica, lo obligó también a asumir su planeamiento y ornato. Construcción de puentes, calzadas, abastos de agua, reparación de edificios, etc.  

Esta  participación   tan   directa  en   la    vida   ciudadana, le dio  gran  poder   al   Ayuntamiento.   Al punto   que  la  Corona, para reducirlo,  impuso la obligatoriedad de; en resoluciones de importancia, los beneficiarios debían solicitar una “Real Confirmación”, la cual, naturalmente, no estaba exenta de tasas especiales para el sostenimiento de los reyes.

En el primer tomo de las actas del Cabildo guayaquileño que recoge entre 1634-1639, editados por el  Archivo Histórico del Guayas, en la página 32, consta el primer libro de cabildos. Todos los anteriores se perdieron en el incendio ocurrido en 1632-1633. 

El primer documento contiene el nombramiento de Lorenzo de Bances de León, como “Escribano Público, Minas y Registros de la Ciudad de Santiago de Guayaquil”, otorgado el 16 de junio de 1634 por el doctor Antonio de Morga, octavo presidente de la Audiencia de Quito. 

Para alcanzar dicho cargo, Bances, debió viajar a esa ciudad y pagar los derechos por media anata, ante Fernando Laínez, contador Juez Oficial de la Real Hacienda de su Majestad. En el documento que debió extender, da 

“fe que Lorenzo Bances de León, Escribano Público y Cabildo, Minas  y Registros de la Ciudad de Santiago de Guayaquil, pagó en esta Real Caja de su Majestad el derecho de media anata del dicho oficio (…) ciento treinta y tres pesos de a ocho y tres reales”. 

También está registrado que, el 24 de julio de 1534, víspera de la fiesta del Apóstol Santiago Patrón de Santiago de Guayaquil, el  Cabildo en pleno resolvió cumplir con las formalidades de tal celebración y acordó que 

“hoy es víspera del Bienaventurado Apóstol Santiago, cuya fiesta es notoria y parece que el Real  Estandarte se saque, como es uso y costumbre para hacer la fiesta, y sea puesto en las casas del Cabildo con la veneración debida y para que el Alférez Real lo lleve y se lo entregue es necesario hacer el pleito homenaje y juramento debido”. 

El Cabildo era responsable del manejo e incremento de los ingresos públicos de la ciudad, su distribución en la obra pública, de la entrega de la parte que debía recibir la Corona, etc. 

En cumplimiento de esta práctica, el 29 de diciembre de ese año, el Cabildo se reunió para considerar y decidir sobre una carta del 

“señor Don Joan de Valdez y Llano, Comisario General de la Media Anata de esta provincia, en que ordena y manda se cobre veinte ducados (…) sobre el despacho que esta ciudad pretende que salga navío de permiso para México con frutos de la tierra de esta ciudad (…) y que los tres de ellos se remitan a los Reinos de España y los diez y siete restantes queden, por vía de depósito en la Real Caja”.   

Es evidente que el 29 de diciembre de 1634, era viernes, pues al finalizar la sesión del Cabildo, la última de aquel año, el Procurador General, dijo: 

“por cuanto el lunes que viene es día de año nuevo y para que en semejante día no se haga embarazo a la elección, se trate ahora lo que hubiere de hacer y el despidiente de causas, y así se hizo; con lo cual se acabó este Cabildo, y lo firmaron de sus nombres”. 

Los municipios estaban obligados a renovarse cada 1 de enero. Así tenemos que ese día de 1635, el Cabildo eligió alcaldes y Procurador General: 

“En la muy noble y leal ciudad de Santiago de Guayaquil del Pirú, en primero días del mes de enero del año del nacimiento de Nuestro Redentor, que se cuentan mil seiscientos y treinta y cinco años, se juntaron a Cabildo, como lo han de uso y costumbre, para elegir alcaldes”. 

Es  muy  interesante  todo el proceso  del  ceremonial protocolario, utilizado para elegir a estos funcionarios, que se realizaba en el pueblo de Samborondón, dependiente históricamente de Guayaquil. Los votos se depositaban en un cántaro de barro, que un niño circulaba por cada elector y los extraía para su cuenta. 

Una de las tantas veces que debió producirse un empate en la elección de alcalde de primer voto, el acta refiere que el Escribano registra en el documento: 

“y se regularon los votos por tener más el General Joseffe de Castro, el Maestro de Campo Toribio de Castro Guzmán, vecinos encomenderos; que parece tuvo el dicho General siete votos y el dicho Toribio de Castro siete, entraron como tales vecinos en suertes y se metieron en el cántaro”.

Pero esto no fue todo, pues los aspirantes a alcalde de segundo voto también empataron en número: 

“Y asimismo, se halló que el Maestre de Campo Antonio de Salinas tuvo siete votos y el Capitán Diego de Mestanza, otros siete, por lo cual entraron en suertes en dicho cántaro”.

Y en ambos casos, “se llamó a un niño nombrado Tomás Solís, de edad de seis años, y habiéndolos meneado dentro del dicho cántaro, se sacó un papelito…”.  El nombre de la persona escrito en el voto que el niño extrajo del ánfora, resultó elegido. La elección de Procurador General, sin empates, recayó sobre Don Bernabé Lozano. 

En aquel día asistieron los doce regidores de Guayaquil, pues no se podía faltar a esta sesión tan importante, so pena de ser sancionado.

La Diáspora guayaquileña, siglos XVII y XVIII

Desde mediados del siglo XVII, los guayaquileños empezaron a establecerse en los campos vecinos a la gran red fluvial del Guayas y sus vegas. El inicio de la siembra de productos para la supervivencia es el punto en que una aldea de caña y bijao, casi sin importancia, se convirtió un siglo más tarde en la progresista, pujante, independiente y rica metrópoli. Esto no lo debemos olvidar, pues nos muestra el camino, y nos alecciona en la lucha para convertir la cuenca del Guayas, el puerto de aguas profundas, la península irrigada, en fundamentos de una estrategia que nos lleve a recuperar el antiguo esplendor.

En las ricas tierras aluviales bañadas por un intrincado tejido de ríos, esteros, canales, etc., crecía el cacao esparcido por los monos. Su almendra cocinada en miel silvestre, constituía una agradable bebida indígena. La cual, introducida en España, y generalizada en Europa occidental, se transformó en producto vital para la economía de la provincia colonial. 

La encomienda y otros privilegios establecidos por la corona, permitieron la apropiación de la tierra, el establecimiento de huertas, y, con estas, el comercio del cacao, elemento principal en su relación con Lima, Panamá, México y España. El cual representa la lucha secular que sostuvo Guayaquil por sobrevivir, pese a las cargas y trabas coloniales. Producto vital para su comercio internacional y semilla indiscutible de su independencia. 

La agricultura y el campesino, eran fundamentalmente indígenas, aunque sumamente afectados por la cada vez mayor presencia de cultivos, animales domésticos y hombres de España. Productos como el maíz, ají, fríjol, papa, calabaza, agave, camote, tomate, mandioca, aguacate, zapote y muchos otros más, eran plantas alimenticias cultivadas por los americanos del callejón andino y de la sabana costera de nuestro territorio. De estos, el cacao paulatinamente comenzó a destacarse como elemento agrícola determinante de la economía colonial de la Costa.

La aparición de la ganadería también provocó transformaciones sorprendentes. Vacunos, cerdos, ovejas, cabras y caballos se reprodujeron en forma rápida y pronto transformaron la vida y la economía del campo. 

La provincia de Guayaquil abarcaba casi la totalidad de la costa de la Audiencia de Quito, es decir: las actuales provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y la parte sur de Esmeraldas. 

Sus aproximadamente 50.000 Km² de superficie, en 1763 –al tiempo que Guayaquil dejó de ser corregimiento y elevada a gobernación militar– estaban divididos en siete partidos: Portoviejo, Punta de Santa Elena, la Puná, Yaguachi, Babahoyo, Baba y Daule. Pero a mitad del siglo XVIII, los partidos de Puná, Daule y Baba, a su vez fueron divididos en Naranjal, Balzar y Palenque, respectivamente, con lo cual pasaron a ser diez. 

Pero esta evolución de su estructura política no termina allí: a principios de 1768, a costa de territorios de Esmeraldas se crea el partido de la Canoa; en 1780, por una segunda división del partido de la Puná, surge el de Machala, y en 1783, nace el de Samborondón, extraído del de Baba. 

Ya en el siglo XIX, precisamente en 1802, de una segregación de Babahoyo, nace el de Puebloviejo, con lo cual se completaron catorce partidos, a su vez divididos en curatos y pueblos. Cambios y divisiones que, vista la gran extensión de la provincia, tenían como finalidad básica, la civilización de los indígenas en base a someterlos a vivir en poblados, bajo la influencia de una administración de justicia y de la religión católica.

 “La propia ciudad de Guayaquil conoce un enorme crecimiento urbanístico que, a pesar de los estragos causados por los continuos incendios, se refleja en la multiplicación de barrios, en la ampliación de los servicios públicos y en la notable mejora de las condiciones higiénicas. Incluso en la red viaria regional se llegan a plantear innovaciones, como los diversos proyectos para mejorar las comunicaciones entre la sierra y la costa, proyectos que resultaron fallidos por diversas razones, entre ellas el desinterés de los propios guayaquileños, que ya habían comprobado que era en el mar y no en la sierra donde se encontraban sus posibilidades de desarrollo.” (María Luisa Laviana, Guayaquil en el siglo XVIII, recursos naturales y desarrollo económico, 1987).

El reparto de la tierra, los indígena y su administración

La forma de repartir la tierra y su posesión en las zonas cacaoteras del litoral, al empezar la transición del periodo colonial al poscolonial, era básicamente la misma, que la empleada inmediatamente después de la conquista. 

Para acceder a la propiedad predial durante la colonia se podía recurrir a cuatro mecanismos distintos: 1.- Por repartimiento de  tierras  efectuados  por  los cabildos durante la conquista; 2.- Por Reales Cédulas de gracia y merced; 3.- Por prescripción de dominio (posesión y cultivo durante un periodo de cuarenta años o “desde tiempo inmemorial”); y 4.- Por composición y venta. 

La tierra adquirida de esta forma fue elegida, preferentemente, entre la situada a orillas del sistema fluvial que fue la gran vía de comunicación. Y, constituyó el génesis del auge comercial de la “pepa de oro”. Las cuales, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, devinieron en las grandes haciendas y ricas plantaciones que hicieron historia, al propiciar el poder económico que primó en la provincia. 

Instituciones típicas del coloniaje fueron: encomienda, repartimiento y hacienda. Con ellas sometieron a los naturales al trabajo en los campos.

La encomienda fue una delegación del poder sobre los súbditos indígenas, que los colocaba bajo la tutela del encomendero. El cual, a cambio del tributo y trabajo de los encomendados, debía darles instrucción religiosa y administrar a cierto número de ellos.  

En 1581, Hernando Gavilán a orillas del río Babahoyo y en Daule, tenía un total de 84 tributarios; Baltasar Díaz de Magallanes, en el río de Guayaquil, Uachicacao y Daule, 91. El pueblo de Daule fue encomendado a Bartolomé García Monedero, y, 133 tributarios le entregaban anualmente 5 pesos 2 tomines de plata ensayada, 120.5 piezas de tela, 86 fanegas de maíz y 202 gallinas, que por todo significaban 747 pesos de plata corriente marcada, a los precios de la ciudad. 

Y, pese a que de esta suma debía pasarle una pensión de 170 pesos anuales a Miguel de Contreras, vecino de Cuenca, la encomienda resultaba la más rica de toda la provincia.  

Otra modalidad era el repartimiento, que tampoco se refería a la propiedad de la tierra sino únicamente a la explotación del trabajo de los nativos, ni daba derecho alguno a la posesión del terreno habitado y cultivado por los repartidos. 

La sujeción mediante la encomienda o el repartimiento, se cumplía por los caciques, quienes se encargaban de los cultivos, pues los encomenderos, por regla general residían en la ciudad. 

En un documento del Archivo Histórico del Guayas fechado en julio de 1579, constan dos caciques, con sus encomendados a españoles residentes de Guayaquil: 

“Don Diego Cohenegro, Cacique del Pueblo de San Antonio de Padua en el Asiento de Yaguache, encomendado a Hernando Gavilán, vecino de la ciudad de Santiago de Guayaquil (...) Los indios de Yaguachecono, y Aconche y Papai, que en término de jurisdicción de la Ciudad de Santiago de Guayaquil tiene en encomienda Juan Rodríguez de Villalobos, vecino de la dicha ciudad.”

Entre los caciques más conocidos aparecen los siguientes: Diego Tomalá, de Puná, que recibió un título nobiliario que heredaron sus descendientes. Manuel Inocencio Guale, y Manuel Soledispa, de Jipijapa; Manuel Inocencio Amayquema y María Magdalena Pudi, de Pimocha; Juana Guare, cacica de Junquillal; Pedro Martín Yaya, cacique de Papayo; Diego Balupe, de Alonche; Carmino Balencia, de Palenque; Angel Tomalá, de Baba; María Cayche, descendiente de caciques y a su turno cacica de Daule; Diego de Cohenegro o Cochenido, de San Antonio de Padua del río de Guayaquil, Asiento de Yaguachi; e Inés Gómez, Diego Ziama, Diego Payo y Pedro Yaguachi, caciques de Yaguachi, entre muchos otros. 

La Hacienda era otra forma de favorecer a los conquistadores, esta sí con la posesión de la tierra. Se dividía en “peonías” y “caballerías” cinco veces mayores que las anteriores. 

La  peonía  se  entregaba a los combatientes de a pie, y la segunda a quienes  lo habían hecho a caballo. Las peonías y caballerías, no fueron  bien recibidas por quienes se consideraban nobles y la vanidad no les permitía aceptarlas. Excepcionalmente se encontraban españoles ejerciendo este derecho, por lo cual, se otorgaron a los caciques que el rey quería recompensar o distinguir por servicios prestados. 

Dentro  de la  premiación  por  servicios,  la  corona  permitió a  la  nobleza  indígena o caciques  ricos,  adquirir  esclavos negros  para el servicio doméstico de sus familias.  Además de títulos nobiliarios, se les concedió los monopolios del copé y la sal.

El padre Bernardo Recio, en 1750, comentó sobre la actitud del indígena del litoral, que marca una enorme diferencia con la asumida por el serrano: 

“Porque es bien de advertir que estos indios de Guayaquil, y de muchos pueblos que hay en su vasta jurisdicción, son muy ladinos. Ellos visten a la española, aunque por el calor de la tierra andan sin pelo. Ellos hablan bien el romance, y lo contan con gracia y con aseo, parecidos en esto y otros modales a los aldeanos andaluces. Pero lo que admira más, es, que no les haya quedado a estos indios rastros de su nativa lengua, solo los nombres de los lugares, v. gr. Colonche, Zaguache, Tipitapa, etc. Y esto es más de admirar, porque no viven como los indios de la sierra, mezclados con españoles y mestizos, sino solos en sus pueblos, tanto que, usando de sus privilegios, no dan cuartel a los extraños”.  En otras palabras, se aculturizaron por conveniencia propia, pues de esa forma adquirieron la autonomía en su diario accionar.

Para posesionarse  de  un terreno, el interesado presentaba una solicitud indicando su deseo de cultivarlo.  El virrey, a fin de no lesionar a los campesinos nativos, ordenaba una inspección. En caso de respuesta favorable, se extendía un título que se inscribía en un registro, y para entrar en posesión del predio, un alcalde tomaba de la mano al aspirante a propietario y lo paseaba por el sitio, mientras este arrancaba hierbas, arrojaba piedras o cortaba ramas, es decir, aparentando cumplir actos que expresaban sus derechos sobre el terreno. 

La mujer en el poblamiento de Hispanoamérica        

Para afianzar la posesión de las Indias y enseñorearse en sus territorios, los conquistadores debieron fundar villas y ciudades; repartir los solares entre los soldados elegidos para constituirse como vecinos y designar el Cabildo y sus capitulares. Estos hombres avecindados en cada aldea, a falta de mujeres españolas, debían elegir si se unían legítimamente o no, a las aborígenes. Sin embargo, pese a estar los solteros autorizados por el rey para hacerlo, la unión legal con ellas implicaba el riesgo de que nunca alcanzarían a convertir en ciudad su villorrio inicial. Ese era el criterio que primaba en España y Europa medievales sobre la constitución de una urbe. 

Por otra parte, estaban los casados, cuya relación permanente con las indígenas, implicaría un adulterio tolerado por la Corona. Esta circunstancia, producto de la religiosidad del español de la época, suponía el riesgo que estos se volviesen a España. Ante esta posibilidad y para evitarla, se recurrió a la medida de enviar tras ellos a sus esposas. Pues al imperio le convenía mantener allí 

“por razones económicas, sociales y aun para la seguridad de las zonas ya conquistadas, al conquistador convertido en vecino, pero sin abandonar la espada” (Anuario de Estudios Americanos).

Pero, el envío de las mujeres casadas en pos de sus maridos no era suficiente, ya que la mayoría de los conquistadores estaba constituida por solteros. Por eso, apenas llegados, ante la necesidad de mujer acicateada por la desnudez de las indígenas, debieron ser autorizados para unirse en matrimonio con ellas, como efectivamente muchos lo hicieron. 

Sin embargo, por las razones señaladas en párrafos anteriores, las autoridades trataban de evitarlo, ya que la nueva sociedad debía, por fuerza, fundamentarse en la pareja española peninsular o en la criolla, es decir: en los hijos de españoles nacidos en las Indias. 

De tal manera que, sin dejar de lado la necesidad de trasladar a América a la mujer casada, la Corona, de acuerdo con sus apoderados ultramarinos, diseñó una política conocida como “poblamiento”, que consistía en embarcar solteras vírgenes, de ninguna manera prostitutas declaradas, y en base a su unión en matrimonio establecer sólidos controles en todos los estamentos del dominio. Porque 

“es cierto que los pueblos de Indias nuevamente poblados no se tienen por fijos o estables ni permanecedores hasta tanto que mujeres españolas entren en ellos, y los encomenderos y conquistadores se casen, por muchas causas y respetos buenos y saludables que para ello hay” (Anuario).

Los hombres del Viejo Mundo, soldados conquistadores primero, después colonizadores o funcionarios que partían hacia América, en la mitad del siglo XVI, representaban el estrato superior de la sociedad colonial americana. 

Por esta razón, la disposición entre las mujeres solteras para viajar a las colonias fue relativamente fácil de encontrar, pues de hecho pasaban a un estrato social superior al que probablemente tenían en España. Esto permitió a los conquistadores y colonizadores fundar hogares españoles en buena y debida forma. Con tal demanda creada que se convirtió en verdadero tráfico, y con el fin de facilitar el traslado masivo de solteras, autoridades intermedias llegaron a eximirlas de la autorización real para viajar al Nuevo Mundo. Circunstancia ampliamente aprovechada y explotada, pues en 1604 Felipe III quedó sorprendido al enterarse de la presencia de aproximadamente seiscientas mujeres en la flota salida ese año hacia México, cuando él no había autorizado oficialmente y tras las debidas formalidades administrativas más que cincuenta.

En su viaje de miles de leguas, la pobladora se dirigía a una América múltiple, a una extensión territorial que superaba toda imaginación, a un lugar impreciso de una desmesurada geografía.  Una extensión territorial de ese tamaño ofrecía naturalmente una sobrecogedora y extrema variedad de paisajes y de conjuntos bioclimáticos que parecerían aplastarla. Además, los territorios sometidos se ensanchaban cada mes, cada año; y el destino final de la pobladora, que sería el lugar de su residencia, era tan incierto como el soldado que la iba a desposar. 

Tan pronto quedaba unida a él, compartiría hambres, enfermedades, guerras, heladas, caminos de selva, de sierra, de ríos, de desiertos. No era la dama del tiempo de la caballería que, desde la torre de un castillo, se supone que esperaba el regreso del caballero andante, sino la doncella que arriesga su vida, y pese a tormentas de mar, huracanes, asaltos piráticos, mutilaciones en sus cuerpos va al encuentro de su héroe anónimo. 

No cabe duda que poblar es fundar, consecuentemente esta mujer utilizada para hacerlo, de hecho pasó a ser fundadora (sin embargo, a pesar de estos sacrificios, de por sí heroicos, nunca se le ha reconocido tan extraordinaria participación). En otras palabras su presencia tenía una doble importancia para la Corona Española, esto es: establecer mediante la unión en matrimonio de parejas el asiento fijo del hogar y garantizar la indispensable descendencia para el arranque inicial de la sociedad. 

De esa forma la mujer fue considerada como un medio para generar un producto más dentro de la economía colonial. Era forzoso poblar para  dominar, pero para poblar era indispensable alguien que pariese hijos, esto fue la mujer pobladora. Pero, nada sobre su identidad, su dignidad ni sobre sus particularidades personales. Era necesario:

“crear hogares como lo es plantar árboles, explotar una mina o acrecentar las tierras cultivables. Se convierte, así la mujer en un objeto más de exportación en beneficio de la política socio-económica indiana” (Anuario de Estudios Americanos). 

Se la exportó para que dé a luz y se multiplicase en beneficio de la Corona, esto era lo que contaba. 

Es imposible que las mujeres elegidas para ser desposadas con los conquistadores no se hayan forjado alguna ilusión, pues, no solo que esto es normal, sino que posiblemente, soldados o capitanes, serían hombres esforzados que habría obtenido compensaciones por su valor y sacrificio, posición económica que la situaría en un estamento social que ella no habría alcanzado en la Península. 

Por el solo hecho de haber participado en la conquista, y poseer repartimientos de tierras o encomiendas de indios, el más sencillo de los soldados, ya habría alcanzado el rango de hijosdalgo o de hombre rico. 

“En uno u otro caso cualquier doncella hijosdalga no haría ascos al rudo campesino extremeño, castellano o andaluz, que luciera rica armadura y poseyera un rendimiento económico apreciable además de la aureola de las gestas bélicas” (Anuario de Estudios Americanos).

Pese a que muchas veces no pasaron de ser si no simples expectativas, y de los enormes sufrimientos que debió afrontar esta mujer sin identidad, la migración planificada y orientada no se detiene ni mengua, todo lo contrario, aumenta con los años. 

Las grandes extensiones que debía cubrirse, las villas o ciudades ya fundadas, estaban muy lejos de ser sometidas las primeras y de tener las segundas los vecinos necesarios para su desarrollo. 

Aún, con el transcurso de los años, los apoderados de ultramar insistentemente reclaman el envío de mujeres, demostrando que su presencia entonces era tan intensamente requerida como lo fuera en los primeros años.

Este masivo desplazamiento de hombres y mujeres españoles hacia los dominios de ultramar, en tiempos del reinado de Felipe II, apenas constituyeron el uno por ciento de la población global del imperio americano. Hay dos fechas distintas que permiten hacerse una idea bastante exacta de la importancia de la población española de las Indias. En 1574 se registran doscientos veinticinco pueblos y ciudades de españoles que sumaban aproximadamente veintitrés mil casas de familia, con cinco, seis o siete personas en cada una. 

La familia española en América frecuentemente era muy vasta y superaba largamente al marco familiar de la metrópoli. Parece ser que esta apreciación se queda corta según opiniones autorizadas que sostienen haberse omitido muchas poblaciones y subestimado bastante el número de casas en cada una de las calculadas. Con lo cual, en el año señalado, se llegaría a los doscientos veinte mil españoles en América (Geografía y descripción universal de las Indias, 1574). 

“La mujer-pobladora había de compartir con el guerrero. Pero, además, para ellas solas quedó el dolor de tener hijos, el sentir en la propia carne el desgarro de las muertes prematuras y violentas de esos mismos hijos que habían dado a luz en circunstancias a veces dantescas. Igualmente las invadió el pánico, las enfermedades, la espectacular y sobrecogedora geografía” (Borges Analola, 1972).

La segunda estimación data entre 1612 y 1622, efectuada por el religioso fray Antonio Vázquez de Espinosa, quien proponía la cifra de setenta y siete mil seiscientas casas españolas, lo que daría un total de entre cuatrocientos sesenta y cinco y quinientos cuarenta mil españoles a razón de seis o siete por casa. 

Considerable aumento que llega a más del doble, cosa que no sorprende, si consideramos que la ola de emigrantes hacia los territorios americanos, llegó a preocupar a Felipe II a comienzos del siglo XVII, por el gran despoblamiento que acusaba la Península (Compendio y descripción de la Indias occidentales, 1628).

Breve descripción del itinerario de su progreso              

Parece ser que a Guayaquil estaba destinado el sitio de su último traslado. Pues no solo adquirió seguridad y tuvo algo de protección por la ubicación estratégica sino que, además, ha constituido a lo largo de su historia un importante referente que ha ayudado a su consolidación como ciudad de progreso.

Es a partir de esta última mudanza que la ciudad, libre de ataques e incendios causados por los indígenas y convertida en sedentaria sobre el Cerrillo Verde con figura de silla jineta o estradiota, único lugar a propósito para vigilar y protegerse del enemigo, afianzó su estratégico emplazamiento para no moverse de él jamás.

Españoles y criollos buscaron la expansión de sus actividades a base de encomiendas y otras concesiones. A partir de entonces, las probanzas de méritos se convierten en moneda corriente, como elemento principal en la búsqueda de ventajas en la posesión de tierras productivas e indios para trabajar.

Al 15 de agosto de 1534, fecha de la fundación de Santiago, no debe dársele importancia ni trascendencia en el tiempo. Tampoco convertir en objeto de polémica a la mayor o menor antigüedad de Guayaquil respecto de otra ciudad colonial de la Audiencia de Quito. Pues, además de constituir una discusión inútil, el 25 de julio de 1547, además de ser nuestra fiesta patronal no tiene otro significado para Guayaquil que ser el punto de partida de su historia y desarrollo efectivo hasta nuestros tiempos. 

De esta conciliación de fechas, saldrán beneficiados los estudiantes y maestros, pues alejados de la polémica que se ha venido sosteniendo, la enseñanza-aprendizaje, libre de confusiones, se centrará en la realidad de una urbe triunfante a lo largo del tiempo. 

Esta publicación, de ninguna manera intenta confrontar, oponerse o discutir las importantes conclusiones, concreciones e interpretaciones históricas logradas en muchos años de investigaciones por Miguel Aspiazu Carbo, Rafael Euclides Silva, Julio Estrada, y la más profunda y exhaustiva  realizada por los académicos Ádam Szaszdi y Dora León Borja de Szaszdi. 

Nuestro propósito no es otro que facilitar a estudiantes, maestros y ciudadanos en general, una herramienta ágil para una buena comprensión de la tan diversa, extensa y controvertida trayectoria histórica que siguió Guayaquil durante los primeros años de su existencia. En otras palabras, es un estudio historiográfico hecho en lenguaje coloquial que simplifica lo escrito especialmente para el real y detallado conocimiento de investigadores.

Simultáneamente a la “conquista de la ciudad” en la fecha indicada, se produce en Guayaquil un cambio trascendental: deja de ser el puerto de Quito que estableció Benalcázar para la logística que demandaba la conquista del norte y asume su propio destino. En el Libro Segundo de Cabildos de Quito, acta del 11 de marzo de 1549, consta que el Ayuntamiento quiteño a través del pacificador Pedro de La Gasca, solicita a la Audiencia de Lima restituya a Guayaquil en su ubicación anterior. 

“Ítem. Pedir que por cuanto la çibdad de Santiago se pobló de próximo en el paso de Guaynacaba e para ir e venir se ha de ir con balsas y por ser puerto de esta çibdad le viene daño, pedir que se pueble donde solía, questaba en parte más conveniente para la dicha çibdad e para los pasajeros que vienen a ella e bien de los naturales que en ella sirven”. 

Este acontecimiento, aparentemente sin importancia, es el primer paso de Guayaquil hacia su transformación como ciudad-puerto, en que no solo cumple sus funciones de puerta de entrada y salida de la riqueza comercial que impulsó al país hacia su desarrollo, sino que, siendo rica y punto intermedio entre Acapulco y Viña del Mar, se convierte en plaza y parada obligada al teatro, ópera, y toda expresión cultural que llegaba a los grandes escenarios situados en la ruta.

Además, numerosos guayaquileños que habían alcanzado la ilustración republicana de finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuyo pensamiento los llevó a lograr por sí solos su propia independencia y a constituirse en el centro político-militar que financió y organizó la independencia del Ecuador, fueron el medio por el cual la ciudad asumió la gran cultura venida de Europa por los viajes realizados por los ricos productores y empresarios del cacao.

“Guayaquil no es solo una fecha fundacional, un santoral y un proceso de mudanzas, es mucho más que eso. Siempre deberemos entenderla como un proceso-producto histórico, geopolítico, socio-urbano, cultural y simbólico. Por eso nacionales y extranjeros han dicho que nuestra ciudad es un destino histórico. Desde esta perspectiva de proyecto inacabado, siempre en construcción, debemos identificarla y pensarla. Pensar la ciudad y sus procesos de cambio es una necesidad y una tarea de ella y nosotros”.[1]

La mujer en la conquista

El espacio americano del imperio español desde Carlos V a Felipe II, sus límites y características, fueron el resultado inmediato de la apropiación por las armas de extensas zonas del continente. Para medir la superficie que inicialmente abarcó y la incorporación de otros territorios luego de las exploraciones, es preciso seguir la conquista, la epopeya de soldados y aventureros durante la primera mitad del siglo XVI. Por eso es imposible precisar la geografía del imperio sin evocar al mismo tiempo la historia de su elaboración, de sus éxitos, sus fracasos, sus vacilaciones, etc. Los espacios realmente sometidos, alcanzaron la fabulosa inmensidad de más de tres millones de kilómetros cuadrados.

Pese a las precisiones con que muchos estudiosos han seguido la trayectoria general de la conquista, de los soldados, los hijosdalgo que partieron en busca de fortuna, nada o casi nada trata sobre la mujer española quien, desde los primeros años, estuvo presente en este encuentro de dos civilizaciones. Sin embargo, luego de permanecer intocada, la investigación sobre su presencia e importancia en la conquista, en la actualidad empieza a tener algún significado y resultados aún escasos. 

El trabajo más significativo realizado a la fecha es el de la investigadora norteamericana Nancy O’Sullivan-Beare, cuyo título es: “Las Mujeres de los conquistadores”, Madrid, 1960; quien, además de penetrar hábilmente en la forma de ser y conducirse del español del medioevo, rescata en toda su dimensión el gran papel que a la mujer le tocó jugar en su misión de compañera del conquistador. 

Investigadores de muchas nacionalidades han procurado penetrar en diferentes aspectos sobre el tema, muchos de estos muy importantes, pero carentes de profundidad en el estudio del papel que jugó la mujer española 

“en la economía, en la sociedad, en las artes, en la política y en su misión trascendente como creadora de pueblos” (Borges Analola: Anuario de Estudios Americanos, 1972).

Mediante estos importantes trabajos historiográficos nos ha llegado la imagen de aquella mujer del pueblo, que tuvo el coraje de abandonar su vida en la Península, que aunque pobre, y en cierto modo plácida y pueblerina; tenía el recurso de refugiarse en grupos familiares sólidos. No es nuestra intención referirnos a quienes, como amantes o esposas de algún personaje destacado tuvieron en cierto grado una vida llevadera. Pues, vinculadas a tales maridos, muchas veces revestidos de autoridad, han sido de alguna forma encumbradas en las crónicas coloniales. 

Simplemente abordaremos el papel de las desconocidas, de las sin nombre que tras sus hombres o sin ellos viajaron a las Indias, a lo desconocido, al peligro, a la muerte prematura, e imprimieron el carácter de heroico a su gesta en esta parte del mundo: “e era la muger de Rivera”; “havía entrellos una muger”; “Joana la nombraban”. Son citas vagas sobre aquellas que resulta imposible identificar, pero que dejaron huella. Tuvieron el valor de partir a las Indias y cumplir la hazaña de imprimir carácter a una gran parte del continente sin que por ello se le haya reconocido mérito alguno. 

Estas mujeres anónimas o con nombre propio pero sin identificar, protagonizaron hechos históricos dignos de mejor recuerdo, por ello intentamos resaltar su misión trascendente. No cuenta el nivel social, ni la posición económica ni su abundancia o carencia de virtudes. 

Deseamos exponer el ambiente en que sufre, realiza actos heroicos, sucumbe o se enaltece en su viaje a tierra extraña para dejar la impronta de su misión fundamental y hacer posible el nacimiento de un pueblo nuevo.

No cabe, entonces, siquiera pensar en recoger testimonios de aquellas que vinieron como compañeras de los primeros conquistadores o mandatarios, porque no son las verdaderas heroínas anónimas, pues, en cierto modo, se hallaban protegidas por ellos y atendidas en sus necesidades más apremiantes por las autoridades. Además, algún cronista vinculado a sus maridos o amantes, o a ellos mismo, aprovechó la oportunidad para dejar alguna crónica sobre su memoria. 

Sin embargo, la mayoría, que se arrastró por la selva, remontó ríos y montañas tras el aventurero buscador de fortuna, que empuñó las armas para defender su vida y la del grupo, que debió desenvolverse y sobrevivir asistida solo por su propia determinación. Y, además, permanentemente huérfana del amparo del conquistador obnubilado por sus propios intereses, ha sido relegada a un doble olvido. 

“Es sabido las escasas noticias que dan las crónicas sobre la presencia de la mujer en el complejo geográfico de la conquista, salvo aquellas que protagonizaron algún hecho trágico o inusitado. O las que lograron la atención de los historiadores por muy diversos motivos. Estas mujeres simbolizan actitudes muy varias frente a una situación desconcertante en el medio geográfico en que se desenvolvieron: pasión de dominio, pasión amorosa, heroica fidelidad conyugal, autoritarismo, extraordinaria fortaleza. Las verdaderas protagonistas del acto heroico de sumarse a la conquista se encuentran como desbordadas por la fuerza de los hechos, pero inmersas en ellos”. (Anuario de Estudios Americanos).

La investigación sobre el tema desarrollado en la época, lamentable y mayoritariamente centrado en el relato y descripción de los hechos y personajes notables, no ha concedido la importancia que tuvo la mujer del pueblo, la verdadera “conquistadora”. Omisión en la que, penosamente, incurrieron tanto las autoridades españolas que regían la Península como sus mandatarios de ultramar. Quienes no supieron valorar la importancia que ella tuvo solo por el hecho de sumarse a la aventura que determinó la implantación colonial en América. Tal parece que solo hubiesen pensado en la necesidad de poblar con ellas las tierras conquistadas y por conquistar, solamente por motivaciones económicas sin considerar lo trascendente de su presencia física y espiritual.

El punto de partida del imperio español ultramarino es un mundo constituido por navíos y navegantes, por un trayecto minuciosamente estudiado, por una red de comunicaciones que por primera vez en la historia humana había alcanzado escala global. En época de Felipe II, hombres y mujeres procedentes de todos los reinos de España, “fatigados de cargar su altiva miseria partían los capitanes de Palos de Moguer, a un sueño heroico y brutal”.

Como integrantes de la “Carrera de Indias”, como se llamaba entonces tal viaje, enfrentaban la furia de los océanos para convertirse en los mayores devoradores de espacios desde los primeros peninos de la humanidad.

Esta “Carrera” se inició con la nave más versátil construida en aquella época, La Carabela, diseñada por constructores navales portugueses, que gracias a sus especiales características se generalizó rápidamente por el mundo ibérico. 

Segura, y veloz, era capaz de navegar con viento en contra dando bordadas con su vela latina, y de velejar a favor del viento con una vela mayor, cuadrada, cercana al mástil. Pero esta grácil nave tenía un inconveniente: no había sido concebida para transportar masivamente pasajeros, como era la demanda. Poco después se utilizó la carraca y finalmente el galeón para movilizar los colonos.

En cosa de treinta y siete años, de 1519 a 1556, se logró construir un imperio inmenso, el primero de la época moderna que al iniciarse el reinado de Felipe II, atraía en forma irresistible a hombres y mujeres de la Península Ibérica. 

Entre 1493 y 1519 quedaron oficialmente registrados cinco mil cuatrocientos ochenta colonos y entre 1520 y 1539, aproximadamente 22.538 pasajeros zarparon de los puertos españoles, y al finalizar el siglo XVI, se habían embarcado hacia América unas doscientas cincuenta mil personas. Cifra imponente si consideramos que en 1594, Sevilla tenía apenas 90.000 habitantes, Toledo 54.665 y Madrid 37.500 (Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros, 1943). 

Desde la primera tentativa de colonización de 1501, la Corona exigió de los viajeros que fueran acompañados por sus esposas. Muchos gobernadores de ultramar obligaban a los hombres casados en España a regresar a ella y volver con sus mujeres dentro de los lazos conyugales. Política generalizada por orden de Carlos V en 1554. Como su consecuencia, se podía autorizar una demora de dos años a un marido recalcitrante si encontraba fiadores que respondieran de su buena fe y su determinación de traer de la metrópoli a la esposa demorada.

Podemos imaginar las dificultades que estas disposiciones habrán provocado entre aquellos que habían caído seducidos por el entusiasmo que invadía a las indígenas, cuando los hombres barbados pronunciaban a su oído las palabras cálidas obligadas y propias del ritual erótico. Como también las ingeniosas estratagemas que habrán utilizado para evadirlas o pasarlas por alto. 

No obstante, había funcionarios que, con mucho celo, se encargaban de velar por el estricto cumplimiento de tal atrocidad, como era la de llevar a la mujer donde las había no solo en abundancia si no receptivas en sumo grado como los registran las crónicas. La mansa sumisión de la indígena resultaba para el conquistador mucho más atractiva que una rezongona asturiana o el altivo desparpajo de la andaluza. En fin, es evidente que se salieron con la suya, pues del mestizaje blanco-indígena cobró forma una nueva raza, la hispanoamericana. 

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[1] Willington Paredes Ramírez en, JA Gómez, “La Fundación de Guayaquil, y su permanencia en el tiempo a partir del 25 de Julio de 1547. Guayaquil, AHG, Pág. 14, 2007.