La Toma de Guayaquil III

La Sociedad Económica de Amigos del País, también, se ocupó de levantar estadísticas geográficas y demográficas sobre la provincia, lo que le permitió planificar su desarrollo. En diciembre de 1825, la Sociedad organizó una “Junta de Seguridad Mutua” para prevenir incendios, lo cual constituyó un antecedente al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Tan pronto Bolívar toma a Guayaquil por la fuerza, la renuencia de los guayaquileños a pelear a favor de los intereses colombianos, es muy marcada.

En numerosos partes militares y correspondencia entre Bolívar, Santander y Sucre consta la pobre opinión que se tenía sobre su valor en el combate. Bolívar no comprendió, y los quiteños jamás lo harán, que las adscripciones identitarias de los guayaquileños por el terruño local o “matria”, está por encima de cualquier otra forma de identificación territorial.

Retomemos la actitud del procurador José Leocadio Llona, quien profundamente comprometido con Bolívar, desde los tiempos en que Sucre pugnaba por asegurar la Provincia, y encargado por la Junta de dar la bienvenida al Libertador, aprovechó el momento para adularlo: “… la marcha rápida y gloriosa, que emprendió V.E. desde las orillas del Atlántico hasta las riberas del Pacífico en que cada paso ha sido una victoria y en que han visto las cimas de los montes humillarse bajo las plantas victoriosas de V.E…”[1] Para luego pasar a desprestigiar y acusar al Gobierno:

“Este Pueblo Señor baxo los auspicios de valientes militares tuvo la audacia de sacudir el antiguo llugo que gemía; las Armas de la República sostubieron su empresa, y aseguraron la libertad, cuando volaron por esta parte a rescatar a los hijos del equador. A la presencia del Ángel de la Paz ha desaparecido el genio del mal de este hermoso suelo, y todos se apresuran a levantar en triunfo a la bella estatua de la livertad, que yacía en tierra ultrajada por los que sufren aturdidos las vivas, y aclamaciones de Guayaquil livre en el día de su mayor gloria”.

“Nada resta Señor, sino que la paz y la abundancia perfeccionen la obra, recompensen con sus beneficios los males de la guerra, restablezcan el imperio de las leyes, y consoliden el triunfo de la filosofía sobre el despotismo y la superstición”.

“Este Pueblo, Señor, repitió, tiene la mayor gloria en hacer a V.E. la manifestación de sus sentimientos, como el testimonio público de su inalterable constancia en sus votos, y de su ardiente amor a la libertad y a la Patria”.[2] 

La respuesta de Bolívar a tanta alabanza fue muy medida y sin ningún comentario acerca de las veladas referencias sobre abusos y despotismo del Gobierno expresadas por Llona y tendentes a desprestigiar al Gobierno. Esa misma noche, la Junta presidida por Olmedo realizó un convite en homenaje a Bolívar y a su séquito. El día 12 el Libertador recibió la visita del Cabildo en pleno y de numerosas personas representativas que se acercaron a expresarle su respeto; visitas que no necesariamente implicaban una adhesión o respaldo a las verdaderas intenciones del Libertador, que bien pudieron ser la natural curiosidad o satisfacción provinciana de estrechar la mano o simplemente acercarse a tan notable personaje.

Al día siguiente, a fin de dar artificiosamente un viso de legalidad a la anexión manu militari que se proponía Bolívar y forzar el pronunciamiento favorable del Cabildo, el procurador Leocadio Llona presentó una “Representación que las cabezas de familia de la ciudad de Guayaquil dirigieron a su Ayuntamiento pidiendo la incorporación”.[3] Además fabricó el “multitudinario respaldo” de 193 firmas, con el que suponía representar a 20.000 personas, documento espurio que al ser analizado se comprobó que de los 193 firmantes, 78 eran religiosos e hijos de familia, y en sus cuatro sextas partes correspondían a analfabetos, constando además, tres firmas triplicadas y diez duplicadas.[4]

Esta farsa consta en el acta correspondiente del Cabildo de Guayaquil, en la cual se ve la falta de ética del procurador José Leocadio Llona y el rechazo a la patraña por parte de los capitulares, que se expresan así: “El regidor Sánz: que las ciento noventa y tres firmas no son bastantes para la decisión interesante de la Provincia, sin embargo que la mayor parte de los suscritores no son vecinos, y que por último se debe juntar el Colegio Electoral, según está dispuesto por el Superior Gobierno legítimo que tenemos. (...)

Regidor Manuel Tama: que la representación presentada por el señor Procurador General, es una de las reuniones tumultuarias de las que no se puede formar opinión ninguna en favor ni en contra de la decisión de los pueblos, y que algunos vecinos que representan están llenos de nulidades por semejantes actos. (...)

El regidor Molina: que porción de los individuos que la suscriben no son vecinos de este pueblo, como igualmente la duplicación de firmas de un mismo nombre (...) firmados por hijos de familia,[5] y que actualmente se hallan aprendiendo oficio con sus maestros. (...)

Regidor Bodero: que los suscritores de la representación, le parece que no forman opinión en las circunstancias presentes. (...)

Regidor Concha: que, no componiendo las firmas de la representación, ni una décima parte de los vecinos de esta población, es de absoluta necesidad la reunión del Colegio Electoral, para la decisión de asunto de tanta gravedad y trascendencia”.

Ante este abrumador análisis y rechazo de los propios miembros del Cabildo, la Corporación “determinó se estampase en la representación original el decreto siguiente: Guayaquil, julio 13 de 1822.- No siendo la expresión de las ciento noventa y tres personas que suscriben la instancia, la que forma el voto libre de los vecinos de esta capital, devuélvase por inconforme al decoro y regularidad con que procede esta Corporación”.[6] ¡Documento lapidario!, ¿verdad?

“Las artimañas obradas por los colombianistas –la Representación presentada al Cabildo el 13 de julio con 193 firmas, las adhesiones de los pueblos del interior, y la campaña de difamación de la Junta– carecen por completo de valor legal las dos primeras, y moral la última. Sólo la Representación Provincial, insistimos una vez más, tenía facultades para resolver el destino de la Provincia de Guayaquil”.[7]

Por tres veces consecutivas, la Junta negó la incorporación incondicional que exigía Bolívar, pero él solo aceptaba su visión y decisión. Finalmente, actuó como el guerrero que era, tomó Guayaquil por la fuerza, cesó a los miembros de la Junta de Gobierno, los obligó a salir de la ciudad precipitándolos al exilio. Al auspiciar de esta forma la comisión del primer fraude electoral de todo el territorio ecuatoriano, de hecho, resulta ser su cómplice.

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[1] Castillo, Op. Cit., “El Patriota de Guayaquil”, Nº 10, 13 de julio de 1822.

[2] Castillo, Op. Cit., “El Patriota de Guayaquil”, Nº 10, 13 de julio de 1822.

[3] Efectivamente, presentó un documento firmado por los padres de familia, pero que correspondía a la anuencia por la incorporación que fue entregada al Cabildo el 31 de agosto de 1821, presionado con la presencia de Sucre.

[4] Castillo, Op. Cit., Suplemento de “El Patriota de Guayaquil”, Nº 10, 13 de julio de 1822.

[5] En el “Suplemento al Patriota” Nº 10, del sábado 13 de julio de 1822, aparece la mencionada lista amañada y casi al finalizar figura el nombre de José Antonio Gómez, mi bisabuelo, que a la sazón tenía once años de edad. Abel Romeo Castillo, “El Patriota de Guayaquil” y otros impresos, Volumen II: 1822, Págs. 147-148.

[6] ACCG, celebrado el 13 de julio de 1822

[7] Mariano Fazio, Op. Cit., Pág. 109.