La base agraria y el desarrollo económico
Hasta 1576, la actividad comercial guayaquileña se reducía a hacer negocios movilizando productos entre los puertos del norte, centro y sur de América: sedas chinas, añil, brea, jarcia, etc., de México y Centroamérica a Guayaquil y Lima; y del Callao hacia el norte, vinos y paños del Perú.
Los negocios de Guayaquil presentaban una balanza desequilibrada, pues no tenían, aparte de la madera, un producto exportable que diera por resultado un balance nivelado entre las importaciones y las exportaciones.
Ese producto sería el cacao, que en el mundo azteca era muy apreciado, reservado al consumo de los nobles. Con la conquista se popularizó, y entre sus adictos no se contaron solo los naturales, sino las mujeres españolas, quienes inventaron nuevos modos de prepararlo.
Como la producción de la Nueva España no alcanzaba a satisfacer la demanda, se fomentó el cultivo en Guatemala. Mas, pese al incremento, mantuvo un nivel de precios favorable.
Uno de los puertos frecuentados por los barcos guayaquileños era Acajutla, y sus autoridades se aficionaron de este mercado. Los comerciantes mexicanos empezaron a venir a Guayaquil, y se desarrolló un mercado de entrega futura, que en tejos de oro y barras de plata se pagaba la carga de cacao a 15-18 pesos. Es así como, a partir de 1593, Guayaquil inició en sus propios barcos la exportación en gran escala.
Elevada la provincia de Guayaquil a gobernación militar (1761), se produjeron grandes cambios en las leyes. Y, la migración interna permitió alcanzar el suficiente poder poblacional y económico para lograr por sí sola su independencia de la corona española.
Muchos serranos se daban cuenta de que solo Guayaquil les ofrecía oportunidades para prosperar, y no únicamente por su creciente expansión económica, sino por la propia estructura social costeña, más flexible y abierta y por consiguiente dotada de un mayor grado de movilidad social.
Comienza entonces la provincia a recibir una masiva migración de serranos, que no solo contribuyeron al espectacular auge poblacional de la provincia, sino que le proporcionaron la fuerza laboral necesaria para explotar su potencial agrícola.
“La acumulación de la mayoría de estas transformaciones, si no todas ellas, en el último tercio del siglo confieren a esas pocas décadas una categoría especial en la evolución de Guayaquil, que tras un pausado y lento desarrollo en los dos siglos y medio anteriores, parece tener de pronto prisa por convertirse en una gran urbe, y lo conseguirá en muy poco tiempo, en perfecta simbiosis con su provincia, cuyos productos encuentran en el puerto su mejor vía de salida” (Laviana).
Estos son los elementos sobre los cuales se construyó la fuerza económica del Guayaquil de hoy
La estructura del Cabildo colonial de Guayaquil
El régimen municipal establecido en las ciudades hispanoamericanas, pese a que la legislación española aseguraba igualdad y los mismos derechos que los que se disfrutaba en la metrópoli, no correspondió al sistema político autonómico que regía entre los siglos XI y XIII para las ciudades peninsulares.
|
Los ayuntamientos de entonces estaban caracterizados por sus fueros y una destacada presencia de la ciudadanía. España, debilitó el sistema municipal colonial para fortalecer el poder real. Esta institución fue el último peldaño de una administración que tenía como cabeza al rey. Y en forma descendente, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los Virreyes, los Presidentes y Capitanes Generales, las Reales Audiencias, los Gobernadores y finalmente, los Cabildos.
El municipio español y su estructura burocrática administrativa fue trasplantado a las colonias americanas sin la fuerza autonómica que alcanzó durante la expulsión de los moros y la reorganización del reino. Pese a esta dependencia, o si se quiere debilidad del Municipio, era la primera institución administrativa que, apenas cumplidas las formalidades de una fundación, quedaba establecida como su rectora. De esa forma, todo acto referido al nuevo “poblamiento” correspondía a la institución municipal.
La ciudad de Guayaquil por su condición de tal, tenía dos jueces municipales, con título de Alcalde Mayor (de primer voto), y Alcalde Ordinario (de segundo voto), los cuales ejercían su autoridad administrativa junto con el Regimiento, compuesto por los concejales, que en el caso de Guayaquil eran doce.
El Alférez Real, era el abanderado de la ciudad, portador del Estandarte Real en los actos oficiales. La policía urbana y la rural, estaban regidas por el Alguacil Mayor y el Alcalde de la Santa Hermandad. Tres oficiales de la Hacienda Real eran los encargados del manejo de los tributos reales y municipales.
La consolidación del nuevo asentamiento urbano, que empezaba por el trazado de sus vías y la adjudicación de solares entre los avecindados, eran de la entera responsabilidad y obligación de los regidores y procuradores municipales. Debían, además, estimular a los vecinos a la construcción de sus viviendas y exigir a los morosos el cumplimiento de esta obligación adquirida y cultivar los sembrados dentro del término estipulado. Dos Fieles Ejecutores, encargados de la observancia de lo anterior, debían exigir al vecindario rapidez en todas las faenas y, además, controlar los pesos y medidas y encabezaban dos jurados en cada Parroquia.
El Procurador General, si bien no pertenecía al Cabildo, era juez de última instancia, un Mayordomo, un Escribano de Concejo, un Depositario General. Además, dos Escribanos públicos, uno de Minas y Registros, un Pregonero mayor, un Corregidor de lonja, y dos Porteros, que en realidad no eran miembros sino empleados de menor cuantía.
Habían otros cargos que podían ser ejercidos por los regidores, como mayordomo de la ciudad, defensor y juez de menores, tenedor y juez de los bienes de difuntos, defensor de pobres, alcaldes de barrio, alcaldes mayores de indios, alcaldes de aguas y de los oficios artesanales.
De todo lo relacionado a la incipiente población, se encargaba el Concejo, de allí que, tanto virreyes como gobernadores, quienes eran los únicos autorizados para hacer concesiones y asignaciones, estaban en la obligación de consultar la opinión de los ayuntamientos de cada ciudad o villa en que se llevarían a cabo.
Por eso, las tareas de la competencia municipal eran muy amplias: controlar la entrega de lotes para los edificios, hasta asignar espacios de pastoreo destinados a la crianza de ganados y sus abrevaderos. Ninguna solicitud de gracia, podía efectuarse sin el conocimiento previo y la consulta al Cabildo, el cual elevaba a las instancias superiores su aprobación o no.
Entre los personajes administrativos, el que más destacada participación tenía, era el Procurador General. Este era responsable de la promoción y defensa de los intereses de la ciudad, y de ser portavoz de los habitantes ante el Cabildo, la Audiencia, la Corona, etc.
La constitución legal del Ayuntamiento, se daba con la participación de los vecinos, los cuales, además de constar en los registros de su comuna, habían arraigado su residencia mediante la construcción de viviendas, desarrollando actividades agrícolas o crianza de animales.
Los regidores, o concejales, tenían que resolver los asuntos de su competencia por mayoría, sin embargo, previamente debían contar con la opinión del Procurador, quien tenía “asiento, voz y voto en el Cabildo”.
El Cabildo operaba como juzgado de primera instancia, al cual estaba sometida la vigilancia de los intereses ciudadanos; resolver disputas internas, cobrar impuestos, registrar las transacciones de mayor cuantía, y el traspaso de inmuebles. Debía castigar los delitos públicos, y responder por la salud tanto física como espiritual del vecindario.
La distancia que mediaba con la Península, y la lentitud de los procesos, con el paso del tiempo, obligó al Cabildo, además de reglar sus propias atribuciones, incrementar sus ingresos y bienes, a intervenir en la tributación, trabajo de los indígenas, uso del agua, medidas para prevenir incendios, defensa de ataques de piratas, etc., todo lo cual se cumplía mediante la promulgación de ordenanzas.
El crecimiento de la ciudad, y su importancia económica, lo obligó también a asumir su planeamiento y ornato. Construcción de puentes, calzadas, abastos de agua, reparación de edificios, etc.
Esta participación tan directa en la vida ciudadana, le dio gran poder al Ayuntamiento. Al punto que la Corona, para reducirlo, impuso la obligatoriedad de; en resoluciones de importancia, los beneficiarios debían solicitar una “Real Confirmación”, la cual, naturalmente, no estaba exenta de tasas especiales para el sostenimiento de los reyes.
En el primer tomo de las actas del Cabildo guayaquileño que recoge entre 1634-1639, editados por el Archivo Histórico del Guayas, en la página 32, consta el primer libro de cabildos. Todos los anteriores se perdieron en el incendio ocurrido en 1632-1633.
El primer documento contiene el nombramiento de Lorenzo de Bances de León, como “Escribano Público, Minas y Registros de la Ciudad de Santiago de Guayaquil”, otorgado el 16 de junio de 1634 por el doctor Antonio de Morga, octavo presidente de la Audiencia de Quito.
Para alcanzar dicho cargo, Bances, debió viajar a esa ciudad y pagar los derechos por media anata, ante Fernando Laínez, contador Juez Oficial de la Real Hacienda de su Majestad. En el documento que debió extender, da
“fe que Lorenzo Bances de León, Escribano Público y Cabildo, Minas y Registros de la Ciudad de Santiago de Guayaquil, pagó en esta Real Caja de su Majestad el derecho de media anata del dicho oficio (…) ciento treinta y tres pesos de a ocho y tres reales”.
También está registrado que, el 24 de julio de 1534, víspera de la fiesta del Apóstol Santiago Patrón de Santiago de Guayaquil, el Cabildo en pleno resolvió cumplir con las formalidades de tal celebración y acordó que
“hoy es víspera del Bienaventurado Apóstol Santiago, cuya fiesta es notoria y parece que el Real Estandarte se saque, como es uso y costumbre para hacer la fiesta, y sea puesto en las casas del Cabildo con la veneración debida y para que el Alférez Real lo lleve y se lo entregue es necesario hacer el pleito homenaje y juramento debido”.
El Cabildo era responsable del manejo e incremento de los ingresos públicos de la ciudad, su distribución en la obra pública, de la entrega de la parte que debía recibir la Corona, etc.
En cumplimiento de esta práctica, el 29 de diciembre de ese año, el Cabildo se reunió para considerar y decidir sobre una carta del
“señor Don Joan de Valdez y Llano, Comisario General de la Media Anata de esta provincia, en que ordena y manda se cobre veinte ducados (…) sobre el despacho que esta ciudad pretende que salga navío de permiso para México con frutos de la tierra de esta ciudad (…) y que los tres de ellos se remitan a los Reinos de España y los diez y siete restantes queden, por vía de depósito en la Real Caja”.
Es evidente que el 29 de diciembre de 1634, era viernes, pues al finalizar la sesión del Cabildo, la última de aquel año, el Procurador General, dijo:
“por cuanto el lunes que viene es día de año nuevo y para que en semejante día no se haga embarazo a la elección, se trate ahora lo que hubiere de hacer y el despidiente de causas, y así se hizo; con lo cual se acabó este Cabildo, y lo firmaron de sus nombres”.
Los municipios estaban obligados a renovarse cada 1 de enero. Así tenemos que ese día de 1635, el Cabildo eligió alcaldes y Procurador General:
“En la muy noble y leal ciudad de Santiago de Guayaquil del Pirú, en primero días del mes de enero del año del nacimiento de Nuestro Redentor, que se cuentan mil seiscientos y treinta y cinco años, se juntaron a Cabildo, como lo han de uso y costumbre, para elegir alcaldes”.
Es muy interesante todo el proceso del ceremonial protocolario, utilizado para elegir a estos funcionarios, que se realizaba en el pueblo de Samborondón, dependiente históricamente de Guayaquil. Los votos se depositaban en un cántaro de barro, que un niño circulaba por cada elector y los extraía para su cuenta.
Una de las tantas veces que debió producirse un empate en la elección de alcalde de primer voto, el acta refiere que el Escribano registra en el documento:
“y se regularon los votos por tener más el General Joseffe de Castro, el Maestro de Campo Toribio de Castro Guzmán, vecinos encomenderos; que parece tuvo el dicho General siete votos y el dicho Toribio de Castro siete, entraron como tales vecinos en suertes y se metieron en el cántaro”.
Pero esto no fue todo, pues los aspirantes a alcalde de segundo voto también empataron en número:
“Y asimismo, se halló que el Maestre de Campo Antonio de Salinas tuvo siete votos y el Capitán Diego de Mestanza, otros siete, por lo cual entraron en suertes en dicho cántaro”.
Y en ambos casos, “se llamó a un niño nombrado Tomás Solís, de edad de seis años, y habiéndolos meneado dentro del dicho cántaro, se sacó un papelito…”. El nombre de la persona escrito en el voto que el niño extrajo del ánfora, resultó elegido. La elección de Procurador General, sin empates, recayó sobre Don Bernabé Lozano.
En aquel día asistieron los doce regidores de Guayaquil, pues no se podía faltar a esta sesión tan importante, so pena de ser sancionado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario