De la independencia a la libertad: un gobierno electivo II

Conforme a lo previsto en la convocatoria, el 8 de noviembre un total de sesenta y un diputados reunidos como Junta Electoral designaron a José Joaquín de Olmedo para presidirla. La determinación preconcebida de dar el carácter de republicano al gobierno que debía regir los destinos de la Provincia Libre, se manifiesta claramente en la actitud del prócer en los días sucesivos al 9 de Octubre. Mediante el sufragio libre, el pueblo entregó sus derechos al Colegio Electoral y este a su vez los transmitió a los representantes elegidos. Olmedo, en su discurso ante la Asamblea, expresa a plenitud estos principios:

“En ésta reunión está depositada toda la confianza y voluntad general de la Provincia; y, por consiguiente, está autorizada para todo lo que contribuya a la salud y prosperidad común. La primera atención debe ser pues, formar un Gobierno e instituciones que, aunque no sean tan perfectos por las circunstancias, podrán ir recibiendo continuamente nuevos grados de perfección: su legitimidad será incontestable, pues dimana de la voluntad general de los pueblos, expresada por los órganos que ellos mismos han nombrado libremente”.

Enemigo de las revoluciones y transformaciones violentas, en el mismo discurso muestra su ansiedad por crear en paz una provincia autónoma. “Que nada se destruya hasta que no estemos en situación de edificar. Pueda cuanto antes levantarse este edificio en medio de nosotros, y ser el trono de las leyes, el altar de la libertad, el templo de las artes y el santuario de la Religión”.^[1]

De estas palabras, cargadas de la madurez doctrinaria de un liberalismo moderado que practicaba Olmedo, que influyó en forma determinante para el éxito de la independencia de la Provincia de Guayaquil, dimanan varios principios ideológicos: “derecho natural a la emancipación de los pueblos por su libre determinación, voluntad general como fuente incontestable de legitimidad pública; libertad electoral como requisito para la manifestación de la voluntad general en la persona de los representantes del pueblo, separación de poderes para salvaguardar la libertades individuales, adaptación de las instituciones políticas a las circunstancias de cada pueblo para alcanzar la felicidad, y agrega, es difícil encontrar en un solo documento una exposición tan apretada pero a su vez tan coherente de los principios ideológicos del Nuevo Régimen”.^[2]

El 11 de noviembre fue promulgado el Reglamento Provisorio de Gobierno, que podemos considerar como la primera Ley Fundamental dictada en el primer territorio libre ecuatoriano y para dirigir la provincia en lo político se eligió al doctor Olmedo presidente de la Junta de Gobierno, al coronel Rafael María Ximena como vocal encargado de asuntos militares; don Francisco María Roca, vocal para la administración político-civil; y el doctor Francisco Marcos como secretario.^[3]

“Guayaquil ha fundado su gobierno sobre las verdaderas bases representativas; y esta ha sido la obra del patriotismo y la buena fe. Auguramos pues un suceso feliz al meditar que nuestro Estado, es la piedra sobre la que se funda la columna de los límites del Perú y de Colombia con tanta solidez como los cimientos del mundo”.[4]

Posteriormente, en el salón de sesiones del Cabildo, la diputación de Guayaquil eligió a los nuevos miembros del Ayuntamiento y ratificó como su presidente al doctor José Joaquín de Olmedo. Esta designación suya como presidente de la Junta de Gobierno y a la vez cabeza del Cabildo guayaquileño, podría interpretarse a Guayaquil como una Ciudad-Estado, pues en una misma persona recayeron el poder político de la Provincia Libre y el administrativo de la ciudad,[5] pero esta posibilidad jamás cupo en la mente de nuestros próceres.

Los tres primeros artículos del Reglamento Provisorio de Gobierno bastan para demostrar que los líderes guayaquileños evolucionaron aceleradamente en sus ideas y en la elaboración de un proyecto político republicano autónomo, bajo formas diferenciadas de las monárquicas-fidelistas que ensayó la nobleza quiteña. Y evidencian con toda claridad que Olmedo y los guayaquileños nunca intentaron la creación de un estado independiente con la Provincia de Guayaquil, territorio que jamás fue llamado ni considerado de otra forma que “provincia”.

Esta acusación, y la supuesta entrega a un Perú aun inexistente, fueron ardides que esgrimió Bolívar para justificar su anexión por la fuerza. Nótese que en el primero de estos, se lee: “La Provincia de Guayaquil es libre e independiente (no habla de un estado), su religión es la Católica; su Gobierno es electivo; y sus leyes las mismas que regían últimamente, en cuanto no se opongan a la nueva forma de gobierno establecida”.

En el segundo está muy clara la propuesta de sumarse, como provincia autónoma, a una nación que la proteja y respete, elegida por ellos y por su propia voluntad: “La Provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América meridional”. Y finalmente, una visión moderna del mundo del futuro concebida en esa época: “El comercio será libre por mar y tierra con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro Gobierno”. Solo el sesgo con que demasiados autores han interpretado a Olmedo, les impide encontrar el valor de este documento, en el cual en poquísimas palabras se expresan tan coherentemente los principios ideológicos que él imprimió al nuevo régimen.

En Guayaquil se estableció una forma de gobierno electivo y se mantuvieron las leyes coloniales que se ajustaban a las normas establecidas por ese modelo de administración y promulgaron nuevas de acuerdo a los principios republicanos. Además, fue creada una Junta Curadora de la Libertad de Prensa[6] que garantizaba la expresión pública sin censura ni aprobación previa. Calificaron como crimen al abuso de esa libertad. Establecieron sanciones contra quien difame por medio de la prensa, y si alguien fuese acusado de este delito, podía exigir que se le facilitasen cuantos medios creyese necesarios para su defensa.

Con la promulgación de estas leyes, resultado del espíritu libérrimo de los próceres guayaquileños liderados por Olmedo, aspiraron a conformar con todo el territorio de la Audiencia de Quito una nueva nación independiente o según conviniese a sus intereses asociarse a alguno de los países vecinos. Pero por encima de todo, a mantener la autonomía ganada en una lucha de muchos años contra el monopolio comercial ejercido desde el virreinato peruano. A partir de entonces, el gobierno establecido aplicó las disposiciones generales y reglamentos para el buen funcionamiento de su administración.

Instrumentos jurídicos que fueron publicados por bandos y fijados en las paredes frente a las plazas o calles más concurridas, pues, el gobierno no disponía de una imprenta (El Cabildo de Guayaquil aprobó su compra el 17 de noviembre de 1821).[7] El 18 de noviembre el Ayuntamiento acusa recibo a la Junta de Gobierno de la designación de los miembros del Tribunal de segunda instancia, del Juez en tema y de las normas establecidas para la administración municipal.^[8] Nada quedó al azar, nada se postergó en la estructuración legal de la sociedad.

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[1] Del discurso de Olmedo ante la Asamblea reunida el 8 de noviembre de 1820

[2]  Mariano Fazio Fernández, Op. Cit., Págs. 77-78.

[3]  AHMCD/1567 -0000002

[4] Semanario El Republicano del Sur, Guayaquil 28 de febrero de 1822.

[5] “El Ayuntamiento fue el cuerpo institucional local del que partió la revolución de octubre, y comenzó el gobierno libre. El prócer y padre de la patria José Joaquín Olmedo, presidió simultáneamente la Junta Superior de Gobierno de la Provincia Libre de Guayaquil, y el Ayuntamiento de la ciudad. Este hecho singular ha llevado a muchos a decir, que Guayaquil habría empezado a construirse como ciudad-estado. Esto no es exacto, basta revisar proclamas, actas, decretos, etc., para concluir que nunca se trató de otra cosa, que de una Provincia Libre en procura de asociarse, con autonomía, a un proyecto político más poderoso, según fueran las condiciones y beneficios que podía recibir. Olmedo fue una mente brillante que no pudo haber concebido las cosas de otra forma. Todos los documentos y estudios así lo demuestran”. José Antonio Gómez Iturralde, “Historias de Guayaquil, periodo republicano”, Guayaquil, AHG, Págs. 49-50, 2004.

[6] “No cabe duda que los patriarcas guayaquileños estaban imbuidos de los más puros sentimientos de libertad y justicia para que el ciudadano pueda desarrollarse a plenitud cívicamente. Para la vigilancia de sus derechos y obligaciones fue creada la Junta Curadora de la Libertad de Prensa, que basada en los reglamentos daba por un lado amplia libertad para publicar los pensamientos, y por otro, reprimía el abuso de esa libertad, considerándolo como un crimen al que se impondría el castigo según las leyes vigentes. Libertad tan refinada que concedía al hombre la posibilidad de difamar a otro, siempre y cuando respaldase su acto con su firma e identificación, de lo contrario sería acusado mediante un juicio en el que tenía la oportunidad de defenderse; si no se identificaba, y el editor ocultaba el nombre, también era sujeto de aplicación de igual medida legal. El autor de una difamación tenía el derecho de exigir los elementos necesarios para su defensa: además podía recusar a dos vocales sin motivo alguno, que serían reemplazados por otros tantos mediante un sorteo. Y así, con un enorme respeto a los derechos de los hombres le fueron concedidos una gran cantidad de recursos para su defensa, entre ellos, aquel que dice: que en una resolución de cinco miembros, son suficientes dos votos para salvarlo de una condena”. José Antonio Gómez Iturralde, “Los Periódicos Guayaquileños en la Historia, 1821-1997”, Tomo I, Guayaquil, AHG, Pág. 47, 1997.

[7] ACCG del 17 de noviembre de 1821.

[8]  AHMCD/1567 - 0000004