La Real Audiencia de Quito en las postrimerías del régimen colonial

Por la invasión napoleónica, la monarquía española tuvo un estrepitoso derrumbe que ante la mirada atenta de los americanos puso en evidencia su gran debilidad y la imposibilidad de prestarles la atención propia de su condición de cabeza del reino. 

Esta circunstancia exacerbó aún más la crisis económica, social y política de una América que se hallaba amenazada por diversos conflictos y enfrentamientos de fuerzas opuestas. Y demostró que la monarquía había dejado de tener utilidad, consecuentemente, estaba imposibilitada de sostener sus crecientes demandas presupuestarias, pues carecía totalmente de todo sentido permanecer frente al dominio político colonial, etc. 

Además, si en la propia Península se generalizaban las manifestaciones revolucionarias y las Cortes habían proclamado una Constitución liberal que liquidaba al imperio para dar paso a una asociación de naciones hispanoamericanas, no podían ser distintas las condiciones reinantes en los territorios ultramarinos. 

Todo lo ocurrido en la Península y lo que sucedía con la corona apuntaba a un nuevo ordenamiento legal, que luego de cruenta lucha entre propios y extraños, criollos contra criollos, indios contra indios y negros contra negros de un mismo territorio, daría paso al nacimiento de varias naciones en la América hispana.

En la segunda mitad del siglo XVIII y agravada en las últimas décadas del XIX, la crisis económica y social de la Audiencia de Quito y en general en toda la serranía era catastrófica. No solo fueron factores externos como la libertad de comercio y la competencia de manufacturas, sobre todo de textiles europeos, que influyeron para generar tal situación. Tampoco lo fueron el aumento de tributación que presionó y esquilmó a los indígenas hasta niveles inhumanos ni a la explotación tributaria que año tras año reducía la masa monetaria por falta de exportaciones. Sino las adversidades internas causadas por la concentración de la propiedad de la tierra, arrebatada a los indígenas y puesta en manos de un grupo pequeño de familias privilegiadas, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y los terremotos, erupciones del Cotopaxi y pestes desconocidas.[1]

Además de estos problemas y males, a partir del 10 de agosto de 1809 en la administración quiteña reinaba el caos total. Pues cual se tratara de una ciudad ocupada militarmente, las tropas peruanas “pardas” del Regimiento de Granaderos Real de Lima “se comportaban como si fueran conquistadores y no los defensores de la nación española a que tanto ellos como los quiteños pertenecían”.[2]Oprimían y amenazaban a la población de diversas maneras, manteniendo una pugna entre autoridades que desembocaría en la trágica masacre del 2 de agosto de 1810, cuando el pueblo quiteño intentó rescatar a sus líderes que estaban reducidos a prisión.

Así, la orgullosa sede de la presidencia de Quito, “solitaria entre las capitales de la América española”, con su elite dividida por rivalidades políticas y familiares se debatía entre montufaristas y sanchistas; a mediados de 1810 veía impotente cómo otras ciudades hispanoamericanas realizaban lo que ella había intentado alcanzar en 1809.